Sólo el 0,24% de las familias de enterrados en el Valle de los Caídos pide la exhumación

Pese al afán propagandístico de la ley de «desmemoria democrática» y el riego millonario a través de los Presupuestos para su política guerracivilista, el Gobierno de Pedro Sánchez sólo cuenta actualmente con 82 expedientes para la exhumación de restos en el Valle de los Caídos, lo que representaría un exiguo 0,24%; de ellos, 78 tienen una resolución estimatoria, según los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. El Ejecutivo, cabe recordar, destinó recientemente una subvención de 665.000 euros para acometer estos trabajos.

En marzo, el Gobierno admitió que únicamente disponía de 60 expedientes para exhumaciones, aunque se estima que desde el año 1959 fueron trasladados los restos de más de 33.000 personas desde fosas comunes para ser inhumados en las criptas del Valle de los Caídos. Desde entonces, y pese al autobombo que el Gobierno otorga a sus políticas de «memoria», esa cifra apenas se ha incrementado en una veintena.

Los restos fueron depositados allí desde todas las provincias de España y reposan en columbarios individuales y colectivos ubicados en las ocho cavidades adyacentes al crucero y a las capillas de la Basílica.

Las criptas no son accesibles, ya que fueron tapiadas. Por ello, los trabajos son extraordinariamente complejos. En abril, el Gobierno presentó en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar el proceso de exhumación e identificación de las víctimas. Tras conocer que el Ejecutivo iniciaba estos trabajos, varias familias con antepasados en el Valle remitieron cartas a la presidenta de Patrimonio Nacional en las que avisaban de su total oposición a cualquier acto que supusiese “registrar, exhumar, trasladar o manipular los restos” de sus allegados, como informó OKDIARIO. 

En septiembre, el Ministerio de la Presidencia comunicó el inicio de los trabajos para el proceso de exhumación de 77 personas. El Gobierno afirmó entonces que se dedicarán a ellos todos los medios y los mejores expertos, pero reconocía que las dificultades técnicas son muy grandes y entrar en las criptas no garantiza que se localicen los cuerpos que se buscan. Según Presidencia, el proceso -autorizado por Patrimonio Nacional tras la petición de los familiares- es el «más complejo de los que se han acometido en nuestro país y será largo en el tiempo debido al estado de las criptas».

Identificación difícil

Y es que el Ejecutivo dispone de distintos informes que advierten de las enormes dificultades para identificar los restos mortales de los osarios. En un estudio de 2011 se concluía, por ejemplo, que “al no existir un registro de entrada que asegurase el contenido de los columbarios, la posibilidad de conocer el número de restos óseos que lo componen es muy limitado”.

El informe añade que “la identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada, dado el estado de los columbarios observados y el esparcimiento de los restos por las criptas y/o capillas”. Y que “la falta de sistematización a la hora de trasladar los restos a las diferentes capillas y/o criptas, dificulta en gran medida la identificación individual, dado que de la observación realizada se desprende que, se ha producido mezcla de diferentes restos óseos en la misma capilla y/o cripta, además de una muy probable separación de restos óseos de un mismo individuo en diferentes lugares”.

Como también reveló este periódico, el Gobierno lleva tiempo perforando las paredes de la cripta para que los familiares puedan ver las arcas en las que reposan los restos mortales de sus antepasados. Sin embargo, según la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, el Gobierno habría enseñado los osarios equivocados.

Además, la cuantía que se ha destinado a las exhumaciones no refleja ni de lejos el importe total de dichos trabajos, si se tienen en cuenta los cálculos del Ministerio de Justicia. En un informe de febrero de 2018, el Ejecutivo determinó que simplemente exhumar los restos de las más de 33.000 personas allí enterradas costaría más de 57,4 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo se ha limitado a valorar las actividades en 665.000 euros, el importe de la subvención que, en marzo,  concedió a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para estas actividades.

En concreto, el dosier, elaborado bajo el Gobierno del PP, cuantificó dichas exhumaciones en 57.497.846 euros. Sólo la manipulación de los restos por personal especializado costaría 36 millones. A lo que habría que añadir el coste de personal para las operaciones en las criptas o las actuaciones arquitectónicas. Y ello, sin valorar las pruebas de ADN que, como informó OKDIARIO, se elevarían a 300 euros por cada análisis, 600 al tener que hacerse por duplicado en cada una de las muestras.